1.- Atendiendo la inquietud planteada por la Red de Servicios de Bienestares fiscalizados por este Organismo, mediante el Oficio N° 44.600, de 25 de septiembre de 2017, esta Superintendencia solicitó a la Contraloría General de la República clarificar su pronunciamiento en orden a que los convenios que suscriben, a través de la autoridad superior de la cual dependen, con empresas, destinados a obtener ventas al contado o a crédito de toda clase de bienes, mercaderías o servicios para satisfacer las necesidades de sus afiliados se ajusten a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 16, del D.S. N°28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

2.- Por Dictamen N°14.347, de 20 de noviembre de 2017, el Organismo Contralor precisó "... la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control ha distinguido dos supuestos en que los Servicios de Bienestar firman convenios, uno en los que se adquieren bienes o servicios para sus afiliados a través del jefe de servicio, caso en el cual deben ceñirse a la ley N° 19.886 y otro en que solo acuerdan condiciones más ventajosas para los mismos - quienes serán los que se relacionan directamente con esos proveedores -, hipótesis en que se suscriben conforme a lo establecido en el mencionado artículo 16 del decreto supremo N°28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no estando afectos a la citada ley N°19.886.".

3.- En consecuencia, esta Superintendencia manifiesta que siendo vinculante para los Órganos de la Administración del Estado, procede que los Servicios de Bienestar fiscalizados por este Organismo, den pleno cumplimiento a lo dictaminado por la Contraloría General de la República.

No obstante y de acuerdo con lo precedentemente expuesto, a contar de esta fecha, esta Superintendencia deja sin efecto su Oficio N° 39.474 de 18 de agosto de 2005, que declaró la obligatoriedad de aplicar la Ley N° 19.886, a los Servicios de Bienestar del sector público, en la suscripción de los convenios de que se trata, en concordancias con el Dictamen N°28.985, de 21 de junio de 2005, de la Contraloría General de la República.

4.- Finalmente y sin perjuicio de lo anteriormente resuelto, se hace presente que por la Circular Nº1348, de 1994, esta Superintendencia impartió instrucciones acerca de la forma en que los Servicios de Bienestar deben plantear sus consultas, esto es, que los informes deben contener la opinión fundada sobre la materia y, cuando corresponda, se deberá señalar, además, la proposición que recomiende o sugiera al respecto.