Salud mental en educación: Suseso publica estudio sobre procedimientos estandarizados para calificar enfermedades profesionales

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó un estudio sobre la salud mental laboral de profesionales docentes y asistentes de la educación, que analiza los principales factores de riesgo presentes en sus lugares de trabajo y explica cómo se determina si una enfermedad de salud mental tiene origen laboral. El documento fue elaborado en cumplimiento de la Ley N°21.809, sobre Convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, que rige desde el 1 de julio de 2026 y su objetivo es prevenir y erradicar el acoso, la violencia y la discriminación escolar.

El estudio muestra que el hostigamiento, la sobrecarga y los conflictos laborales concentran el 87,7% de las denuncias por posibles problemas de salud mental vinculados al trabajo. En detalle, el hostigamiento representa un 40,2% de las denuncias, la sobrecarga laboral un 26,6% y los conflictos laborales un 20,9%.

Durante 2025, un total de 10.272 personas trabajadoras en Chile tuvieron una enfermedad reconocida de origen laboral. De ellas, 2.648 pertenecían al sector de la educación y 1.618 presentaron una condición o problema de salud mental. En 1.605 casos, se trató de cuadros asociados a situaciones del entorno de trabajo, como hostigamiento o conflictos.

A esto se suman los resultados del cuestionario CEAL-SM/Suseso, herramienta que permite identificar riesgos para la salud mental en los lugares de trabajo. En 2024, el porcentaje de establecimientos educacionales que presentó niveles de riesgo psicosocial medio o alto llegó a 40,7% entre los dependientes de corporaciones municipales; 36,9% en los municipales; 25,1% en SLEP y JUNJI; y 22,6% en colegios y jardines infantiles privados y subvencionados.

En materia de violencia y acoso, los resultados también muestran diferencias según el tipo de establecimiento. La presencia de estas situaciones se detectó en un 47,3% de los centros dependientes de corporaciones municipales, un 51,8% de los establecimientos municipales, un 65,2% de los SLEP y JUNJI, y un 64,4% de los colegios y jardines infantiles privados y subvencionados. El estudio precisa que, en 2024, el cuestionario todavía no incorporaba la pregunta sobre violencia ejercida por estudiantes, apoderados u otras personas externas a la relación laboral.

Además de estos datos, el documento explica cómo las mutualidades (IST, Mutual de Seguridad y ACHS) y el ISL determinan si un problema de salud mental fue causado por el trabajo. Este proceso considera una evaluación médica y psicológica, información sobre las condiciones laborales y un estudio del puesto de trabajo. Luego, un comité de carácter colegiado compuesto por tres profesionales analiza todos los antecedentes y determina si la enfermedad es de origen laboral o común.

Para quienes trabajan en educación, la Ley N°21.809 incorpora antecedentes complementarios al proceso de evaluación y calificación de la enfermedad que deberán considerarse durante esta evaluación. Entre ellos se encuentran las denuncias que hayan terminado en sanciones por problemas de convivencia escolar en el establecimiento respectivo y los procedimientos internos frente a situaciones de acoso, violencia o discriminación. También se debe solicitar información sobre las características y condiciones del establecimiento educacional.

Entre sus conclusiones, la Suseso señala que actualmente existen procedimientos estandarizados para evaluar y calificar el origen de las enfermedades de salud mental, los que han sido revisados y perfeccionados durante más de una década. El estudio también enfatiza que, junto con contar con procedimientos claros de calificación, es fundamental fortalecer la prevención y la gestión de los riesgos laborales para avanzar hacia espacios de trabajo seguros y saludables.

Revisa aquí el Estudio orientado a definir criterios objetivos y procedimientos estandarizados para la evaluación de enfermedades profesionales mentales en el sector educacional.