En conformidad a las disposiciones legales vigentes relativas al régimen financiero
de Ley Nº 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, esta Superintendencia
ha preparado un proyecto de decreto que establece las bases presupuestarias para la
aplicación de la Ley durante el años 1992, el que debe dictarse durante el mes de
noviembre en curso.
Al respecto, debo informar a Ud. que, al igual que en años anteriores, la confección
del referido presupuesto para el año 1992 tropieza con serias dificultades debido
al gran déficit que se observa en la administración de dicho Seguro por parte de las
entidades del sector estatal.
En efecto, los ingresos estimados par el Instituto de Normalización Previsional ex-Servicio
de Seguro Social, en moneda de diciembre de 1991, ascienden a $2.905 millones y los
gastos en prestaciones a $4.689 millones, es decir, sin considerar aporte alguno para
el Fondo Nacional de Salud, el Fondo de Pensiones Asistenciales del artículo 1º transitorio
de la Ley Nº16.744, el Seguro Escolar, ni gastos de administración, el déficit estimado
alcanza a $1.784 millones. Así también, en el caso de las demás ex-cajas fusionadas
en el Instituto de Normalización Previsional, los ingresos estimados ascienden a $2.269
millones y los gastos en prestaciones a $2.710 millones, dando por resultado un déficit
de $441 millones, sin considerar tampoco aporte alguno ni gastos de administración.
Derivado de lo anterior, no hay recursos para destinar al Fondo Nacional de Salud
para el financiamiento de las labores que la Ley Nº 16.744 le encomienda a los Servicios
de Salud, y dicha Institución ha solicitado por Oficio Nº 4014 de 30 de octubre de
1991, la suma de $1.431 millones sin incluir gastos de administración.
Se hace presente a Ud. que esta situación se viene presentando desde hace ya varios
años, haciéndose cada vez más crítica, todo lo cual ha sido puesto en conocimiento
de esa Subsecretaría y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social con motivo de
la confección de los presupuestos de los años anteriores (a modo de ejemplo se pueden
citar los Oficios Ordinarios Nºs 7924; 9936 y 9272, de 1987, 1988 y 1989, respectivamente).
A juicio de esta Superintendencia, tal situación ha sido motivada fundamentalmente
por las siguientes razones:
a) La constante y creciente incorporación de empresas a las Mutualidades de Empleadores
de la Ley Nº 16.744, lo que ha llevado a que para 1992 se estime que del total de
recursos netos del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales ($58.756 millones), el 91,2% esto es, $53.582 millones corresponden
a las Mutuales.
b) El traslado de empresas desde el sector estatal a las Mutualidades implica que
disminuyen los ingresos de sector estatal pero los gastos no lo hacen en la misma
proporción, por cuanto el Instituto de Normalización Previsional debe continuar pagando
hasta su extinción las pensiones de la Ley Nº 16.744 producidas en las referidas empresas
con anterioridad a su traslado a las Mutuales.
c) De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 16.744 y su reglamento el D.S. Nº 110,
de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las Mutuales nunca han formado
parte del fondo de reparto del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo de
modo que no se beneficiaron con la distribución de excedentes cuando los hubo en las
cajas de previsión, ni contribuyen al financiamiento de las entidades deficitarias
ahora que la situación se ha revertido.
d) La Ley Nº 16.744 contemplaba algunos aportes que debían realizar las Mutuales al
Fondo Nacional de Salud para las labores de prevención e inspección de riesgos; al
ex-Servicio de Seguro Social para el Fondo de Pensiones Asistenciales del artículo
1º transitorio de la Ley Nº 16.744, y a las dos entidades anteriores para el Seguro
Escolar, aportes que en los últimos 10 años disminuyeron constantemente para eliminarse
definitivamente en el año 1989 por disposición del artículo 7º de la Ley Nº 18.754.
Por lo expuesto, esta Superintendencia estima que es imprescindible que a la brevedad
se estudie el sistema financiero del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales creado por la Ley Nº 16.744, a fin de dar una solución
de fondo al problema ya explicado. No obstante, dado que existe obligación de dictar
el Decreto Supremo que apruebe el presupuesto del Seguro para el próximo año, en el
mes de noviembre en curso, al igual que en años anteriores, se ve obligada a presentar
el presupuesto cuadrado artificialmente, sobre la base de disminuir los gastos estimados,
lo que implica que en definitiva el déficit se cubre con aporte fiscal. Tal situación
resulta contradictoria con el espíritu del régimen de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales que obliga exclusivamente a los empleadores a financiarlo.
En efecto, se ha disminuido en $2.278.- millones el gasto en pensiones del Instituto
de Normalización Prevsional en-Servicio de Seguro Social y en $645 millones el del
Instituto de Normalización Previsional ex-Cajas de Previsión, a fin de ajustar los
gastos a los ingresos y permitir el traspaso de recursos al Fondo Nacional de Salud
para el financiamiento de las labores que la Ley Nº 16.744 le encomienda al Sistema
de Servicios de Salud:
Puesta en su conocimiento la situación descrita, a continuación se hacen algunas consideraciones
sobre los aspectos mas relevantes del proyecto de decreto, así como de las bases empleadas
en su elaboración:
a) Las proyecciones presupuestarias se confeccionaron tomando como fundamento la información
estadística contable proporcionada por los propios organismos administradores, correspondientes
al período enero - septiembre del año en curso y se expresan en moneda de diciembre
de 1991. En consecuencia, no se ha considerado aumento de los ingresos y gastos por
efecto de la variación del Indice de Precios al Consumidor. No obstante, el gasto
en pensiones tiene incluido el 15,65% de reajuste que correspondió otorgar en el presente
mes de noviembre.
b) Las asignaciones de recursos que en el decreto se hacen al Fondo Nacional de Salud
no satisfacen lo solicitado por éste, ya que ascienden a $506,45 millones, cifra bastante
inferior a las 1.431 millones solicitados.
La cantidad indicada se desglosa en $393,0 millones por concepto del aporte del Instituto
de Normalización Previsional ex-Servicio de Seguro Social, equivalente al 15% del
producto de las cotizaciones básica y diferenciada que se estima éste recaudará, y
$113,45 millones correspondientes a un 5% de los ingresos del Instituto de Normalización
Previsional ex-Cajas de Previsión, por concepto del aporte para el financiamiento
de las labores de inspección, prevención de riesgos profesionales, rehabilitación
y reeducación de inválidos.
No ha sido posible asignar porcentajes superiores de aportes dado el considerable
déficit que como se señalara en el punto anterior, se presenta en el Instituto de
Normalización Previsional.
Asimismo, dada la situación deficitaria del Instituto de Normalización Previsional
ex-cajas, no se ha asignado aporte alguno para transferir al Fondo Nacional de Salud
en conformidad con el inciso tercero del artículo 21, ya que no existen excedentes
que distribuir.
Consecuente con esto último, no se contempla en el presupuesto aporte alguno para
el Fondo de Rehabilitación de Alcohólicos, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo
24 de la Ley Nº 16.744, éste se determina como un porcentaje de los excedentes producidos
en los fondos de accidentes del trabajo de las ex-cajas de previsión, los que como
se señalara se estima no existirán.
c) Dado el desfinanciamiento que presenta la administración del Seguro de Accidentes
del Trabajo en el sector estatal, no se han destinado recursos para gastos de administración
en el Instituto de Normalización Previsional ni en el Fondo Nacional de Salud. En
las Mutualidades en tanto, el gasto se fijó en un 8% de los ingresos.
d) Por la misma razón, en todas las instituciones administradoras del seguro se ha
fijado en un 2%, mínimo que permite el artículo 19 de la Ley Nº 16.744, el porcentaje
de los ingresos que constituirá la reserva de eventualidades.
e) Respecto a la contribución para financiar las pensiones asistenciales del artículo
1º transitorio de la Ley Nº 16.744, ésta se fijó en el 2% de los ingresos del Instituto
de Normalización Prevsional cuyo rendimiento se ha estimado en sólo $95,62 millones,
cifra inferior a los $147 millones solicitados por el ex-Servicio de Seguro Social
por Oficios Nº D.N-445/91, de 8 de noviembre de 1991.
f) Se ha fijado en el 0,02% de los ingresos el aporte para el Seguro Escolar de Accidentes,
que deben efectuar el Instituto de Normalización Previsional y los administradores
delegados, con lo cual el aporte total resultante asciende a $1.974,8 miles, de los
cuales el 80% se transfiere al Fondo Nacional de Salud ($1.579,84 miles) y el 20%
al Instituto de Normalización Previsional (394,96 miles).
g) Al igual que para 1990, se ha establecido en el 30% de la cotización que le habría
correspondido hacer a los administradores delegados, el aporte que éstos deber realizar
a los organismos delegantes para el pago de las pensiones. De este modo, la obligación
total de los administradores delegados asciende al 30,02% al considerar el 0,02% para
el seguro escolar.
Adjunto al presente Oficio se remite proyecto de Decreto Supremo que contiene el presupuesto
consolidado del Fondo de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales para
el año 1992, a fin de que si así lo considera, disponga su tramitación. Además, para
completar los antecedentes del Decreto Supremo cuya tramitación se propone y para
una mayor claridad, se acompaña cuadro que detalla para cada Institución los ingresos
y gastos estimados del seguro y los aportes que éstas deben transferir a otros Organismos
en conformidad con la Ley Nº 16.744.
