Dictamen 55721-2018

1.- Ese Instituto ha solicitado un pronunciamiento a esta Superintendencia respecto a la procedencia de exigir como requisito, la presentación de la resolución de un tribunal de familia, que acredite la medida de protección de niños huérfanos o abandonados o inválidos, para autorizar el reconocimiento de Instituciones del Estado o reconocidas por éste como beneficiarias de asignación familiar.
Plantea que en el marco del proyecto de digitalización del trámite de "reconocimiento de carga familiar" que se encuentra implementando, ha detectado que la asignación familiar de las Instituciones del Estado o reconocidas por el Supremo Gobierno, solamente les son pagadas por los niños que tienen a su cuidado, en virtud de una resolución judicial.
Manifiesta que el D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, no exige dicho requisito, como tampoco el D.S. N° 75, de 1974, del mismo Ministerio, sino que la Circular N° 2.511, de 2009, de esta Superintendencia, en el anexo denominado "Documentación de Respaldo por Tipo de Causante", bajo los códigos N°s. 18, 19 y 20, exige la resolución u oficio de un tribunal de familia que acredite una medida de protección dispuesta por sentencia judicial. Por lo anterior, al parecer, se habrían objetado y rechazado pagos de beneficios.
Expresa que el D.S. N° 75, de 1974, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, precisó que la forma de comprobar la calidad de niño abandonado, debe efectuarse mediante informe social fundado, emanado de una Asistente Social, Servicios Asistenciales u otras autoridades calificadas por las instituciones pagadoras.
Indica que la existencia de una resolución judicial u oficio que acredite una medida de protección no es un requisito que exige ni la ley ni el reglamento.
Ese Instituto hace referencia al artículo 44 de la Ley N° 16.618, que dispone que la asignación familiar que corresponda a los padres del menor, la percibirán los establecimientos o personas naturales que, por disposición del Juez o del Consejo Técnico de la Casa de Menores, tenga a su cargo al menor y que, en el caso indicado, la asignación familiar sólo podrá pagarse a los establecimientos o personas que indique el Juez de Letras de menores. Sin embargo, señala que la Ley N° 16.618 es del año 1967 y fue modificada por el D.L. N° 307, de 1974, por tratarse éste de un cuerpo legal posterior y una norma específica en materia de seguridad social.
A mayor abundamiento, expresa que el ex Servicio de Seguro Social, en sus Manuales de Beneficios (versión 1994), reguló el reconocimiento y concesión de la asignación familiar en estos casos, señalando que las instituciones debían acreditar su calidad de instituciones del Estado o reconocidas por éste como colaboradoras del Estado en su función asistencial, mediante el correspondiente Decreto o Resolución. Se señalaba además, que respecto a las que asistían a menores, se entendía que proveían a su crianza y mantención.
En cuanto al pago, indica que el SENAME debía enviar mensualmente y con la anticipación de un mes, los listados de instituciones colaboradoras, con indicación del nombre, domicilio y subvenciones que recibían, debiendo exigirse al Director del establecimiento, un certificado debidamente refrendado en el que se indicara el número del Decreto que reconoce la institución como colaboradora a cargo de menores y su publicación en el diario oficial, así como el número de menores asistidos y el de aquellos subvencionados, lo que se verificaría con los listados enviados por el SENAME. A lo anterior, la Fiscalía del ex S.S.S. agregó que debía verificarse en cada caso el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, no siendo suficientes los simples listados. (Oficio N° S9362-86, de 1° de diciembre de 1986).
Por otra parte, ese Instituto plantea que la jurisprudencia de esta Superintendencia revisada, que data desde el año 1985 en adelante, tampoco ha exigido dicha resolución judicial, resolviendo los casos de abandono mediante informes sociales y otros antecedentes que permiten formarse la convicción de que los menores están efectivamente a cargo de las instituciones. A este respecto, cita los oficios N°s. 2.216, de 2007, 7.714, 1994, 2.641, de 1992, 7.036, de 1987 y 3.142, de 1986.
En consecuencia, siendo el proyecto indicado una de las modernizaciones del Estado y parte del Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional 2018, ese Instituto solicita a esta Superintendencia que ratifique las instrucciones de la Circular N° 2.511 o que imparta las que correspondan.
Posteriormente, ese Instituto ha informado que las razones por las cuales los menores residen en instituciones, pueden ser de diversa índole y no necesariamente habría una resolución judicial, por ejemplo, por orfandad, abandono, falta de recursos de los padres,etc.
Además, indicó que la subvención del SENAME es incompatible con la asignación familiar, de acuerdo al artículo 10 del D.L. N° 3.650, de 1981 y al artículo 38 de la Ley N° 20.032, de modo tal que no se están pagando asignaciones familiares a las insttuciones, ya que las que tienen menores a su cargo por resolución judicial (aldeas S.O.S. y COANIL), perciben la subvención del SENAME.

2.- Sobre el particular, esta Superintendencia debe señalar que conforme a la letra f) del artículo 2° del D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, son beneficiarias de asignación familiar, las instituciones del Estado o reconocidas por el Supremo Gobierno, que tengan a su cargo la crianza y mantención de niños huérfanos o abandonados y de inválidos.
Por su parte, de acuerdo a la letra f) del artículo 3° del D.F.L. N° 150, son causantes los niños huérfanos o abandonados, en los mismos términos que establece la letra b) de este artículo y los inválidos que estén a cargo de las instituciones mencionadas en la letra f) del artículo 2°, de acuerdo con las normas que fije el reglamento.
Ahora bien, de acuerdo a la letra f) antes citada, para que una institución del Estado o reconocida por el Supremo Gobierno pueda ser beneficiaria de asignación familiar, debe tener a su cargo la crianza y mantención del eventual causante. Lo anterior, es concordante con el requisito general para ser causante de asignación familiar, establecido en el artículo 5° del D.F.L. N° 150, referido a que este último debe vivir a expensas del beneficiario que lo invoca.
Para acreditar el requisito legal referido a que la entidad de que se trate debe tener a su cargo la crianza y mantención del eventual causante, se requiere que una resolución judicial lo declare expresamente en el supuesto que establece el artículo 44 de la Ley de Menores N° 16.618, texto legal contenido en el D.F.L. N° 1, del año 2000, del Ministerio de Justicia. Dicha norma dispone que la asignación familiar que corresponda a los padres del menor, la percibirán los establecimientos o personas naturales que, por disposición del juez o del Consejo Técnico de la Casa de Menores, tengan a su cargo al menor. En el caso indicado en el inciso anterior, la asignación familiar sólo podrá pagarse a los establecimientos o personas que indique el juez de letras de menores.
No obsta a esta conclusión el hecho que la Ley N° 16.618 haya sido promulgada con anterioridad al D.L. N° 307, de 1974, cuyo texto se encuentra en el refundido del D.F.L. N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dado que se trata de normas que son complementarias. En efecto, el aludido artículo 44 regula la forma de acreditar el cumplimiento del requisito y resulta aplicable, dado que ninguna norma posterior, en especial el D.F.L. N° 150, ha señalado algo en contrario.
Por tanto, la resolución judicial permite acreditar el cumplimiento del requisito referido a que la institución tenga a su cargo la crianza y mantención del eventual causante y, en tal sentido, resulta necesaria para que ese Instituto evalúe la procedencia de autorizar el reconocimiento del causante de asignación familiar, en el caso contemplado en la Ley de Menores N° 16.618.