Dictamen 581-2021

1. En conformidad a las facultades conferidas por el artículo 2° de la Ley N°16.395, esta Superintendencia ha estimado necesario revisar la vigencia de las Circulares N°s.2.523, 2.556 y 2.557 de 2009, luego de la dictación de la Circular N°3.394 de 2018, que impartió instrucciones a las entidades administradoras de los regímenes de seguridad social fiscalizados, respecto de la implementación y operación el procedimiento administrativo electrónico, PAE.

2. En relación con la Circular N°2.523 de 2009, puede indicarse que ella estableció que sólo se acogerán a tramitación en la Superintendencia de Seguridad Social las presentaciones que se efectúen en materia de régimen de crédito social, en la medida que conste que el recurrente reclamó en forma previa a la C.C.A.F. respectiva, para lo cual aquél deberá adjuntar la respuesta que la Caja brindó.

Además, esta Circular señaló que las presentaciones que la Superintendencia recepcione a través de su Departamento de Atención y Servicios al Usurario y que no vengan acompañadas de la respuesta de la Caja, serán derivadas a la Caja respectiva, para que ésta responda directamente al recurrente.

En su N°2, la misma Circular N°2.523 dispuso la forma en que las Cajas deberán responder las reclamaciones de los afiliados, su N°3 estableció que la respuesta de la Caja deberá brindarse en un plazo determinado, en tanto el N°4 estableció que periódicamente se ha de enviar a la Superintendencia determinada información sobre los casos que se remitan para respuesta de la Caja.

La Circular N°2.556 de 2009, por su parte, sigue una estructura similar a la Circular N°2.523, en cuanto regula que la Superintendencia de Seguridad Social es una instancia de apelación ante la disconformidad de lo indicado por una C.C.A.F. en materia de prestaciones adicionales, por lo que estas entidades deberán atender en primer lugar las reclamaciones que se efectúen en estas materias, y que deberá remitirse determinada información estadística a la Superintendencia.

Finalmente, la Circular N°2.557 de 2009 reguló las reclamaciones por subsidios de incapacidad laboral de origen común y laboral, indicando que en una primera instancia serán las entidades pagadoras las que atiendan directamente las reclamaciones que efectúen los trabajadores afiliados, relativas a la procedencia y cálculos de los beneficios por incapacidad laboral.

En este sentido, la Circular N°2.557 de 2009 señaló que las reclamaciones que no vengan acompañadas de una respuesta de la entidad reclamada serán derivadas a ésta para que las resuelva y emita una
respuesta directa al recurrente, según la forma y contenido que se expresa en su número 2 siguiente.

La misma Circular N°2.557 estableció también la obligación de las entidades reclamadas de informar los reclamos recibidos y tramitados que la Superintendencia les derive, enviando determinada información
estadística en forma trimestral.

Por su parte, la Circular N°3.394 de 2018, que impartió instrucciones a las entidades administradoras de los regímenes de seguridad fiscalizados, respecto de la implementación y operación del Procedimiento Administrativo Electrónico, PAE, estableció que dicho sistema tiene por objeto analizar y resolver las reclamaciones que versen en materias de competencia de la Superintendencia de Seguridad Social.

En este sentido, la Circular N°3.394 de 2018 señaló, en lo relativo a la descripción del procedimiento administrativo electrónico que éste se desarrolla en tres etapas: iniciación, instrucción y finalización, correspondiendo la primera al ingreso de la reclamación en forma presencial, vía web o a través de correspondencia, verificación de los requisitos de admisibilidad y conformación de expediente, interactuando con las entidades fiscalizadas de manera de obtener los informes y antecedentes necesarios para resolver adecuada y oportunamente esas reclamaciones.

Luego, en la etapa de instrucción, señala esta Circular, se realizan aquellas actuaciones que permiten determinar, conocer y comprobar los hechos en que deberá fundarse el dictamen o resolución del caso, para, por último, durante la etapa de finalización, poner término al procedimiento a través de la correspondiente resolución que se pronuncia sobre el asunto sometido a conocimiento.

Finalmente, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 52 del Código Civil, en cuanto señala que la derogación de una norma puede ser expresa o tácita, siendo tácita cuanto la nueva norma, si bien no dice que expresamente deroga a la antigua, contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la norma anterior.

3. Considerando que si bien las Circulares N°2.523, 2.556 y 2.557 de 2009 establecieron que las presentaciones que reciba esta Superintendencia, sin que conste que las entidades reclamadas las hayan resuelto previamente, serán remitidas a éstas para que las resuelvan en determinado plazo y forma, en la actualidad los reclamos que tramita la Superintendencia se ajustan a las disposiciones establecidas en la Circular N°3.394 de 2018, mediante las cuales se someten al procedimiento administrativo electrónico, es decir, ingresan, se tramitan y resuelven por la Superintendencia en el marco de dicho procedimiento electrónico y no se derivan a las entidades para que éstas a su vez respondan a los interesados o reclamantes.

4. En consecuencia, esta Superintendencia precisa que, desde el punto de la vigencia, la Circular N°3.394 de 2018, al contener disposiciones incompatibles o irreconciliables respecto de las contenidas en las Circulares N°2.523, 2.556 y 2.557, derogó tácita e íntegramente a estas últimas.